29 Julio 2017
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La oposición venezolana afirmó este miércoles que comenzó con amplio acatamiento una huelga general de 48 horas, en una nueva protesta contra la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro, que se elegirá el domingo próximo.

La protesta comenzó desde la mañana con calles despejadas y poco tráfico automovilístico, incluso en barrios populares.

El metro de Caracas, que transporta diariamente más de un millón de personas, funcionó normalmente, aunque con menos pasajeros.

Al llamado “paro cívico” se sumó el gremio de los transportistas, mientras que comercios y tiendas no abrieron por falta de personal.

El gobierno hizo un llamado al trabajo y la televisión oficial presentó imágenes de movilizaciones en calles y estaciones del metro, afirmando que muchos sectores económicos trabajaron con normalidad.

“Venezuela firme contra el fraude constituyente y por el rescate de la democracia”, dijo el líder de la Asamblea Nacional (congreso unicameral), Julio Borges, quien publicó una serie de imágenes de calles desiertas.

A la vez, el primer vicepresidente del parlamento, Freddy Guevara, dijo que a la huelga se sumaron centrales sindicales, gremios de transporte y la agrupación patronal Fedecámaras, lo que consideró como “apoyos clave” para la demostración.

Mientras, el dirigente opositor Leopoldo López, quien cumple su condena de casi 14 años en reclusión domiciliaria, dijo en un mensaje grabado que respaldaba el paro cívico.

“Quiero sumarme de manera convencida y activa al ese llamado, que ha hecho un sector de los venezolanos para que sea claro un mensaje de huelga y el viernes invito a los venezolanos a que vengan a la gran toma de Caracas por la democracia, la Constitución y la libertad”, dijo.

López instó a Maduro a retirar la Constituyente, la cual afirmó busca “aniquilar” la república.

La paralización fue acompañada por bloqueos de vías con barricadas, principalmente en los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, en el este de Caracas, repitiendo las imágenes del jueves pasado, cuando se efectuó una huelga de 24 horas.

 

Mientras el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, llamó a trabajar y publicó fotografías de varias estaciones del metro que mostraban movilización de pasajeros y mucho movimiento.

 

Dos propósitos sacaron a los venezolanos de sus casas en una jornada laboral libre en ese país: protestar en los centros de votación contra las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y abastecerse preventivamente de combustible y alimentos para la huelga de dos días pautada para esta semana.

El miércoles y jueves próximos hay programado un paro general de 48 horas que aspira a detener toda actividad en las calles del país para presionar al presidente, Nicolás Maduro, a que retire la Constituyente.

Ante esta convocatoria, las gasolineras fueron escenario de largas filas de autos abasteciendo combustible y numerosos supermercados de Caracas cerrarán hoy con más estanterías vacías de lo habitual, después de que muchos habitantes hicieran acopio de alimentos y otros productos básicos.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela pidió a sus ciudadanos tomar medidas “preparatorias apropiadas” de cara al paro cívico e instó a evitar las zonas donde se desarrollan diariamente manifestaciones antigubernamentales.

Aconsejamos tomar las medidas preparatorias apropiadas, incluyendo recolectar suficiente comida y agua por 72 horas”, informó la Embajada en su portal web.

La oposición ya atrancó ciudades de todo el país el pasado jueves, con un paro de 24 horas en el que se cortó el tráfico en multitud de calles y avenidas, en una jornada durante la cual murieron cinco personas y más de 360 fueron detenidas.

Además, y como parte de la agenda de protestas de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en rechazo a la Constituyente, decenas de opositores venezolanos acudieron hoy con pancartas a los centros de votación previstos para las elecciones de este proceso el próximo domingo.

Grupos de vecinos empapelaron las paredes de estos recintos con lemas contra el “fraude constituyente” y llamadas a la renuncia de Maduro.

“Aquí no se vota”, constató Efe que decían varios carteles en una escuela en el centro de Caracas.

Uno de los objetivos del llamado “pancartazo” fue exigir a los militares encargados de custodiar los procesos electorales del país que no apoyen esta convocatoria de redactar un nuevo ordenamiento jurídico.

 

El primer vicepresidente del Parlamento venezolano, el antichavista Freddy Guevara, publicó a través de Twitter una serie de imágenes donde pueden observarse los mensajes opositores, asegurando que eran centros de votación de varias ciudades del país.

 

Una persona que estaba en el camión donde hoy fueron hallados muertos ocho inmigrantes falleció horas más

 

pital de San Antonio (Texas), confirmó a Efe una portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en esa ciudad, Nina Pruneda.

La portavoz no dio más detalles de esta tragedia de la que ICE y políticos locales han responsabilizado a traficantes de personas.

Thomas Homan, director interino de ICE, catalogó hoy el suceso como un “acto atroz” liderado por una red de tráfico de personas sin escrúpulos, a la que “no le importa la vida de las personas con las que comercia”.

El conductor del camión, identificado como James Bradley, es por ahora el único detenido y puede llegar a ser acusado de cargos penales tanto estatales como federales.

Tras ser avisada por un empleado de un centro comercial al que una persona le había pedido un vaso de agua en el estacionamiento de la tienda, la policía se presentó allí y encontró dentro de la parte trasera del camión de 18 ruedas a ocho personas muertas, de las cuales dos eran menores de edad.

Se cree que murieron por asfixia o un golpe de calor, pero la causa debe ser aun determinada por el médico forense del condado.

En el camión había también otras 30 personas, de las cuales 17 fueron trasladadas en helicópteros a dos centros de salud en “estado crítico o muy grave” y las restantes fueron llevadas a cinco hospitales de la zona.

 

Vía Excélsior

 

Dos senadores estadunidenses presentaron este jueves una iniciativa de ley que busca legalizar a más de 800 mil jóvenes indocumentados protegidos por el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), y ofrecerles un camino hacia la ciudadanía.

La propuesta, patrocinada por el senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Dick Durbin, busca evitar que estos jóvenes queden desamparados legalmente debido a la demanda presentada por Texas y nueves estados más, y que la administración de Donald Trump ha señalado que no apoyará.

“Estos jóvenes han vivido en Estados Unidos desde que eran niños y construyeron sus vidas aquí. No debemos desperdiciar los talentos de estos jóvenes y penalizar a nuestra propia nación”, dijo Graham sobre la iniciativa que enfrenta también un incierto escenario dentro y fuera del Congreso.

Anticipándose a la introducción de la propuesta, la Casa Blanca dejó en claro que no la apoyará.

 

Vía Notimex

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